Maria Andrea Nardi

Gobiernos y empresas argumentan que las inversiones en energía eólica contribuyen al desarrollo sustentable, combaten el cambio climático y promueven la protección del medioambiente. Sin embargo, el impacto de la expansión a gran escala para la producción de energía renovable en territorios de pueblos autóctonos parece desafiar tales argumentos. Este capítulo presenta dos conceptos claves para discutir los desafíos en materia de derechos humanos que enfrentan las empresas inversoras en energías a gran escala en territorios indígenas de México, en un contexto neoliberal. El concepto “colonialismo interno” nos ayuda a enmarcar dichas inversiones como parte constitutivas de un proceso histórico que empezó con la colonización europea, y en el presente continúa mediante la marginalización, opresión y represión de los modos de vida de las comunidades indígenas mexicanas. Por otro lado, el concepto “justicia ambiental” nos conduce a comprender la lucha que actualmente afrontan las comunidades indígenas y campesinas por el cumplimiento de sus derechos y por un justo devenir del proceso de desarrollo en sus territorios. Derecho y justicia deben ser componentes centrales de las políticas empresariales, para cumplir con las normativas legales y la ética de justicia ambiental. Las inversiones promovidas deben llevarse a cabo mediante un proceso íntegro, cuyo resultado sea justo y equitativo para las partes involucradas, especialmente las poblaciones más vulnerables y marginadas, que son las más afectadas por dichos proyectos. El presente capítulo está basado en un estudio cualitativo sustentado en un trabajo de campo realizado entre 2013 y 2020 en el Istmo de Tehuantepec. Su propósito es aportar una perspectiva diferente para discutir empresas y derechos humanos relacionados con inversiones eólicas de gran escala en México, dentro del contexto actual de políticas económicas neoliberales “verdes”.